La pandemia incide particularmente en la salud de las personas con discapacidad, dificulta su acceso al empleo y les genera pobreza

01 Julio, 2021

La crisis socioeconómica derivada de la Covid-19 afecta de forma incisiva a las personas con discapacidad, condiciona sus vidas, perjudica su estado de salud, dificulta el acceso al empleo y genera pobreza.

Esta es una de las principales conclusiones del segundo informe sobre los Efectos y consecuencias de la Covid-19 en las personas con discapacidad del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de Fundación ONCE, Odismet, presentado de forma presencial y virtual en un acto presidido por el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, y el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno.

A continuación, el coautor del estudio de Odismet, Luis Enrique Quifez, ha expuesto los principales datos y las conclusiones de esta segunda edición. Seguidamente, el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, ha moderado una mesa redonda en la que han intervenido la secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo; el director de Relaciones Laborales, PRL y Sostenibilidad de Acciona, Juan Manuel Cruz, y la directora de Maldita Ciencia de Maldita.es, Rocío Benavente.

El citado estudio pone de manifiesto una mayor incidencia del virus en las personas con discapacidad, un 8,6 % frente al 7,8 % en el conjunto de la población. Igualmente, la necesidad de hospitalización es superior en el colectivo, 15%, frente al 9,8% entre la población sin discapacidad.

El análisis de la incidencia por tramos de edad no ofrece grandes diferencias. No obstante, encabezan la lista aquellos con menos de 30 años (8,9%, frente al 8,4% entre los que tienen más de 45 años). En el conjunto de la población, el dato resulta aún más llamativo. Mientras en 2020 los infectados menores de 30 años suponían el 13,16%, en 2021 la cifra se ha elevado hasta el 33,19%.

Vacunación

La predisposición activa hacia la vacunación en las personas con discapacidad alcanza el 74,1%. Entre la población general el dato se sitúa en el 82,9%, porcentaje que ha ido creciendo significativamente de forma evolutiva, puesto que, en diciembre de 2020, apenas el 40,5% estaba dispuesto a vacunarse. Asimismo, el 63,9% de las personas con discapacidad consultadas demandan ser reconocidas como grupo especial de riesgo prioritario a la hora de la vacunación.

El estudio identifica un 6,4% de personas con discapacidad que se niegan a vacunarse, perfil formado principalmente por hombres de entre 30 y 45 años, con discapacidad física y estudios secundarios que residen en zonas rurales.

Por otro lado, un 13,5% indica no haber recibido información sobre las vacunas por ningún medio o canal. Las personas consultadas demandan recibir más información, especialmente en lo referido a las posibles interacciones de las vacunas con determinados fármacos, así como posibles reacciones en personas con patologías previas determinadas.

Salud y atención médica

La situación de pandemia ha supuesto un empeoramiento de la salud física de las personas con discapacidad en el 34,4% de los casos, cifra que en el caso de la salud psíquica se eleva al 57%. Este último dato se traduce en que el 33,5% de los encuestados indica haber recurrido al consumo de ansiolíticos y/o antidepresivos.

Las medidas de prevención han condicionado el acceso a la atención médica. Lo que implica que el 50% de los encuestados la hayan recibido de manera telefónica y el 39,2% han visto canceladas o aplazadas sus citas con especialistas. Estas circunstancias tienen consecuencias sobre la salud del colectivo a distintos niveles.

Situación económica

El informe revela un complejo escenario económico para las personas con discapacidad. Las dificultades de acceso al empleo para un colectivo especialmente vulnerable se ven acentuadas por la pandemia. Así, el 51,9% indica que su situación económica ha empeorado desde el inicio de la pandemia; un 27,6% afirma no poder llegar a fin de mes, y el 33,2% se ha visto en la necesidad de retrasar pagos. Además, el 60% ha tenido que solicitar ayuda de terceros para poder subsistir (25,3% han recurrido a familiares y un 12,1% a entidades de caridad).

El riesgo de pobreza o exclusión social alcanza al 32,5% del total de la población con discapacidad, generando en el colectivo la denominada pobreza farmacéutica, que impide el acceso a los fármacos necesarios para el cuidado de sus dolencias y enfermedades.

Ante tal escenario, las prestaciones y ayudas para las personas con discapacidad no parecen estar dando cobertura a las situaciones de emergencia económica que enfrenta el colectivo. Un 35,4% de los encuestados no recibe ningún tipo de prestación, y entre quienes las reciben, las cuantías resultan insuficientes.

Empleo

Respecto a la situación laboral, el 49,1% de las personas con discapacidad que han formado parte del estudio están desempleadas, de ellas, el 56,4% son parados de larga duración. En el 13,8% de los casos, la situación de desempleo es consecuencia directa de la pandemia.

Los ocupados representan el 27,9%. De forma mayoritaria empleados en el sector servicios (84%) por medio de un contrato temporal (76,6%) y con salarios que oscilan entre los 500 y los 1.200 € mensuales (67,3%). Es preciso recordar que el empleo de las personas con discapacidad está marcado por salarios mínimos e inestabilidad constante. Perciben un salario medio bruto anual 17,3 puntos por debajo que el del conjunto de la población sin discapacidad y presentan un índice de rotación en la contratación igual al 2,25.

Por otro lado, el 23,3% se ha visto en situación de ERTE, dato muy superior al del conjunto de la población (3,6%), lo que probablemente obedece a una mayor vinculación del colectivo con el sector servicios.

Analizando la fórmula del teletrabajo, no parece haber tenido un especial calado en el empleo de las personas con discapacidad. A pesar de que el 63,3% indica que su empleo sería susceptible de ser desarrollado bajo este formato, y el 44,6% desearía aplicarlo en algún porcentaje de su jornada, tan solo un 14,6% de los encuestados han desarrollado su actividad a través de teletrabajo.

Ante la compleja situación económica descrita y las dificultades de acceso al mercado laboral, las personas con discapacidad son conscientes de la relevancia de la formación para conseguir un empleo tras la pandemia. Así el 65,9% ha realizado algún tipo de formación, fundamentalmente formación no reglada.

Información

Informarse sobre el virus y sus avances se ha convertido en una actividad habitual para todos, y las personas con discapacidad no son una excepción a este respecto. Fundamentalmente son dos los canales a los que recurren para obtener dicha información: televisión (78,2%) e Internet (61,8%). Si bien, no son estos los canales que les generan mayor confianza en cuanto a veracidad informativa, dicho ranking lo encabezan las revistas especializadas. En el polo opuesto se sitúan las redes sociales, lo que se vincula con su facilidad para la difusión de bulos.

Odismet se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.