Administración y agentes sociales reclaman una mayor presencia de personas con discapacidad en puestos elevados de la función pública

26 Abril, 2024

Representantes de la administración y agentes sociales reclamaron este viernes en Fundación ONCE una mayor presencia de personas con discapacidad en puestos elevados de la función pública como los creados para inspectores, jueces o fiscales, donde este colectivo está todavía “infrarrepresentado” y sufre a veces “desigualdades objetivas” en los procesos selectivos.

Los representantes de administración y sociedad civil hicieron esta reclamación en la jornada ‘La diversidad en la Función Pública: Acciones para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los cuerpos del Grupo A’, organizada por Fundación ONCE con el objetivo de encontrar fórmulas para incrementar la representación de este colectivo en puestos superiores de la función pública.

Entre estas fórmulas, Fundación ONCE apuesta por aprobar una guía de adaptaciones metodológicas para los opositores con discapacidad, en línea con otras guías y recomendaciones adoptadas en las universidades para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar la discriminación en el acceso que dicen sufrir algunos aspirantes por no contar con las adaptaciones requeridas.

El encuentro contó en su apertura con la intervención de Clara Mapelli Marchena, secretaria de Estado de Función Pública; Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad y director del Real Patronato sobre Discapacidad; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE.

Tal y como indicó Mapelli Marchena, las administraciones públicas deben trabajar siempre bajo la convicción de que convierten en reales los mandatos legales y por tanto los derechos fundamentales para todas las personas. Desde esta perspectiva, reconoció que en el campo del acceso al empleo público de las personas con discapacidad tienen “desafíos” como la superación de “asimetrías informativas” que hacen que no siempre les llegue la información como debería, o la profesionalización de los órganos de selección para que conozcan las necesidades y derechos de los aspirantes con discapacidad.

Pese a esto, animó a las personas con discapacidad cualificadas para ello a que se preparen oposiciones y formen parte de la Administración del Estado. Porque, finalizó, “no estaremos cumpliendo bien nuestra tarea si no somos capaces de incorporar todo el talento social a todas las organizaciones”.

En la misma línea, Martín Blanco abogó también por mejorar la información sobre los procesos selectivos en la Administración Pública, pero fue más allá y apostó por el “empleo decente” de las personas con discapacidad, porque “tener un empleo no significa que el derecho al trabajo esté satisfecho”, justificó. “No solo vale con acceder; hay que velar por el progreso y la participación de las personas con discapacidad en su entorno de trabajo”, recalcó.

Como Martín Blanco, el presidente del Cermi señaló que es necesario mejorar cuantitativa pero también cualitativamente la presencia de personas con discapacidad en la Administración Pública y más aún en los cuerpos superiores. Puso igualmente el acento en la importancia “del factor escaparate” que tiene para la ciudadanía ver a personas con discapacidad en puestos públicos.

Finalmente, Martínez Donoso recogió el guante de la demanda de mayor presencia de personas con discapacidad en cargos elevados de la administración y aseguró que hay “caldo de cultivo suficiente para que los universitarios con discapacidad puedan acceder a todos los cuerpos superiores de las administraciones públicas” y que, por eso, es posible cubrir el cupo de reserva que establece la ley para ellas. “Creemos que estamos en condiciones de asumir el reto de cubrir todos los cupos de reserva en las diferentes convocatorias de las administraciones públicas. Cada año varios centenares de jóvenes con discapacidad y con mucho talento se gradúan en las universidades españolas”.

Los datos

Sin embargo, según los datos reflejados en el ‘Libro Blanco sobre acceso e inclusión en el empleo público de las personas con discapacidad’, “las administraciones públicas no logran cubrir el 30% de las plazas reservadas a las personas con discapacidad en los grupos A1 y A2, lo que evidencia que hay obstáculos en el acceso” de estas personas al empleo público en las oposiciones destinadas a cuerpos y escalas profesionales de nivel superior y que, por tanto, están “infrarrepresentadas”, como sostiene Fundación ONCE.

A este respecto, el último ‘Informe sobre acceso de personas con discapacidad al empleo público en la Administración General del Estado’ (correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020), señala que solo el 3% de los funcionarios que entraron a la Administración General del Estado durante estos dos años tenían una discapacidad superior al 33%.

No obstante, si se pone el foco únicamente en el Grupo A, el trabajo evidencia que de los 5.552 opositores que aprobaron entre los dos años en los grupos A1 y A2, solo 63 eran personas con discapacidad, lo que supone un porcentaje inferior al 1,5%.

Para acceder a estos dos subgrupos (A1 y A2), los aspirantes han de estar en posesión de un título de grado, licenciatura Universitaria, ingeniería, arquitectura o equivalente. En ellos se desarrollan actividades multidisciplinares que abarcan tanto ámbitos presupuestarios como de suministros, contrataciones, recursos humanos o procedimientos, entre otros. Se desempeñan también funciones de estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel superior, y la gerencia y dirección de las diferentes políticas gestionadas por la Administración Pública.

La jornada

Teniendo en cuenta los datos citados arriba, Fundación ONCE impulsó en 2022 una convocatoria de ayudas para opositores con discapacidad que optan a una plaza en los grupos A1 y A2 de la Administración General del Estado, que va ya por su segunda edición, y organiza jornadas como la de este viernes para analizar y tratar de mejorar la situación con los sectores implicados.

En ella, los representantes de administraciones y preparadores de pruebas públicas pusieron sobre la mesa aspectos tales como la importancia de tejer alianzas con las academias de oposiciones para impartir una formación inclusiva o la relevancia de las acciones que está llevando a cabo y debería llevar la Administración General del Estado para favorecer la diversidad en las administraciones.